Hoy 24 de septiembre de 2015, en conmemoración del Día del
Detenido, es oportuno instar al Estado panameño implementar medidas urgentes y
eficaces dirijidas a salvaguardar la seguridad en los centros penitenciarios, tomando
como referencia el incidente registrado el pasado jueves 17 de septiembre de
2015 en el Centro Penitenciario La Joyita, protagonizado por bandas rivales.
Un incidente similar se registró el día 26 de
septiembre de 2014, en la Cárcel Pública de Nueva Esperanza, provincia de
Colón, donde privados de libertad fuertemente armados, disparaban contra sus
enemigos desde el techo del centro penal.
Incidentes como estos, ponen en peligro la vida no sólo
de los privados de libertad sino también de funcionarios penitenciarios y
policiales, familiares y demás visitantes.
El hacinamiento, la falta de clasificación de los
privados de libertad, los escasos programas para una efectiva resocialización,
la corrupción, infraestructuras inadecuadas, insuficiente recurso humano y el
irrisorio presupuesto destinado para la administración penitenciaria, son
componentes que fortalecen y permiten que hechos análogos se ejecuten y que
exista una inherente violación de derechos humanos.
Teniendo presente que la cadena perpetua no forma parte
de nuestra legislación penal como condena, es evidente que ese grupo de personas que hoy se
encuentran en prisión, mañana formarán parte de nuestra sociedad, siendo motivo
de preocupación para la Defensoría del Pueblo que el Estado invisibilice la
violencia que se registra en los centros penitenciarios al no incluir el tema
penitenciario como agenda de Estado.
Por ello, instamos a las autoridades competentes dotar al
Sistema Penitenciario de los recursos presupuestarios necesarios y suficientes,
que le permita disponer de personal calificado y competitivo para cumplir
cabalmente con la implementación de la Ley No. 55 de 30 de julio de 2003 y el
Decreto Ejecutivo No. 393 de 25 de julio de 2005 y demás legislación nacional e
internacional de derechos humanos.
Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticuatro (24)
días del mes de septiembre de dos mil quince (2015).
LILIA HERRERA MOW
Defensora del Pueblo
