La Defensoría del Pueblo, atendiendo las facultades que la
Constitución y la Ley le otorga, remitió recomendaciones a varias autoridades
en el tema penitenciario, ya que en las constantes visitas que realiza a los
centros penales se han constatado una serie de irregularidades o actos que
atentan contra los derechos humanos de los privados y privadas de libertad y de
los funcionarios que prestan servicio en los centros penales.
Dichas
recomendaciones fueron dirigidas al Ministerio de Gobierno, Ministerio de
Salud, Dirección General del Sistema Penitenciario, y la Policía Nacional
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